El sistema también mata.
El
sistema también mata.
Pero
nunca lo podemos encarcelar.
Hace
unos días, los titulares de los diarios, los minutos de radio y televisión, así
como los portales web, destacaron en su comercio de noticias policiales, que en
el pueblo Algorta una joven madre había asfixiado hasta causarle la muerte a su
pequeño hijo de tres años.
En
letra mucho más pequeña, lo medios informaron cual era la realidad de esa joven
mujer. Desde los nueve años era abusada sexualmente por parte de su padrastro,
quién la embarazó cuando ella tenía catorce y luego dieciocho. Como producto de
esas violaciones, nacieron dos niñas mellizas que hoy tienen siete años, y
posteriormente el pequeño niño de tres años de edad. Vivía con sus tres hijos en
una vivienda precariamente construida con madera y nylon, dependiente
económicamente del violador. En la actualidad, el hombre de cincuenta y cuatro
años, padrastro de la joven y padre de las niñas mellizas, había comenzado a
abusar sexualmente de ambas.
Como
ya nos tiene acostumbradas este país, el impacto y conmoción dura hasta tanto
surja un titular más sórdido o espectacular, tiempo durante el cual se vierten
en cataratas opiniones implacables, absurdas, reflexivas, compasivas,
dependiendo como casi todo, de con quién cruces palabras ese día.
En general ya no
se habló más del asunto. El rápido procesamiento con prisión de la joven mujer
por un delito de homicidio especialmente agravado, selló las conversaciones y
nuevos titulares invadieron los medios. La conmoción en el pueblo Algorta, vaya
a saber una cuánto dura en el tiempo, aunque es probable que sea menor a los
doce años durante los cuales se extendió el abuso sexual constante sin que la
comunidad lo detectara.
Ni
entonces, ni ahora se reparó en un detalle que se reiteró en todos los medios de
comunicación: hacía días que la mujer había radicado una denuncia contra su
padrastro cuando el hombre comenzó a abusar sexualmente de las niñas, y ambos –
denunciante y denunciado- estaban citados a declarar al Juzgado de Young el
jueves 3 de julio a las 14.00 horas.
Las
crónicas hacen referencia a ello, casi de manera anecdótica y utilizando
expresiones tales como “esa instancia no llegó a cumplirse” o “no llegaron a
declarar”, agregando que luego de efectuada la denuncia el acoso fue de tal
magnitud que la mujer “se encontró en un callejón sin salida” cometiendo el
homicidio en la mañana de aquel día.
Sin
embargo para mí, no se trata de un mero detalle.
Hace
ya mucho tiempo que los reclamos se centra en que el sistema de justicia
nacional debe garantizar “una respuesta judicial idónea, inmediata, oportuna,
exhaustiva, seria e imparcial, frente a actos de violencia contra las mujeres”
(CIDH). No solo porque las organizaciones de mujeres y feministas y ciudadanía
en general se lo exijan, sino porque es una obligación que el Estado Uruguayo
asumió a nivel internacional y debe cumplir.
En
éste caso el sistema de justicia tomó conocimiento de la situación, porque la
misma había sido denunciada por la propia víctima. La respuesta fue citarla a
ella y al denunciado para unos cuantos días después. No sin antes, hacer lo que
jamás se debe hacer, que es precisamente poner en conocimiento al denunciado
mediante indagatoria policial, que la víctima recurrió a solicitar
ayuda.
Me
pregunto y me respondo:
-
¿Qué indicadores tomó en cuenta el Juez para evaluar el riesgo de situación y
concluir que podía dejar transcurrir algunos días sin intervenir?.
-
Ninguno. Seguramente ni siquiera se procedió a evaluar el riesgo.
Es
admisible que transcurran algunos días entre que se denuncia y se comparece
judicialmente, siempre y cuando denuncie que no me abonaron un cheque, que la
medianera que me separa del vecino invade mi propiedad, que me chocaron la moto
en el estacionamiento del supermercado o que me robaron el reloj.
No es admisible,
que transcurra más que los minutos que conlleva la denuncia policial y la puesta
en conocimiento de la misma al Juez, sin que el sistema de justicia de respuesta
ante la denuncia de haber sido violada desde los nueves años, tener tres hijos
producto de esa violación, dos de las cuales hoy también son abusada por parte
del mismo agresor.
Y
ésta inadmisibilidad no es de corte moral ni ético, es de naturaleza jurídica.
El sistema de justicia no está cumpliendo con su obligación, pues no brinda
respuesta inmediata, oportuna, idónea ni exhaustiva.
Muchos
días antes que ésta mujer asfixiara hasta darle muerte al niño, el sistema debió
intervenir.
Ella,
como las miles de mujeres que acuden al sistema a solicitar garantías a su vida
y seguridad en el marco de situaciones de violencia y abuso intrafamiliar, quedó
en una situación de aún mayor vulnerabilidad. Nunca debió el sistema dejarla
sola frente al violador y sus amenazas, con la brutal diferencia que implicaba
para ambos, que ella hubiera roto el silencio y denunciara los hechos que se
consumaron durante más de una década. Se la dejo sola. Una vez más.
Con
seguridad y mucho antes, ya la habían dejado sola. Cuando el sistema educativo
es omiso en advertir las señales claras de abuso sexual en una niña de nueve
años de edad, la deja sola. Cuando el sistema de salud atiende dos partos de
una adolecente violada por su padrastro y no advierte el abuso, la deja sola.
Cuando una familia y una comunidad silencia e invisibiliza lo evidente, también
la deja sola.
Las
mujeres conocen esa soledad y las múltiples formas de complicidad con el horror
que asumen quienes las rodean.
Lo
que las mujeres no conocen, es la capacidad del sistema de justicia de darles
muerte mediante una condena. Igual que todos los titulares de los diarios, ella
fue para la causa, aquella joven mujer de veintiún años que asfixió hasta darle
muerte a su pequeño hijo de tres años. En esa calidad de madre homicida, provocó
que el Juez se constituyera inmediatamente en su precario hogar, ordenara su
detención y horas después la procesara por el delito de homicidio especialmente
agravado.
Lo
que ella no logró, fue que ese Juez, unos días antes y en ocasión de haberle
denunciado su situación, la considerara una mujer en situación de vulneración de
derechos humanos, y actuara con inmediatez e idoneidad para brindarle protección
a ella y sus hijos.
Lo
que ella no logró constituye un enorme fracaso colectivo para quienes desde las
organizaciones de derechos humanos desarrollan estrategias de incidencia, de
denuncia internacional, de movilizaciones y de litigios estratégicos, para
lograr que el sistema de justicia responda como corresponde.
Con
seguridad, éstas líneas no conmocionen a nadie. En éste país, esa sensación sólo
la logran de manera pasajera los grandes titulares como los que se utilizaron
para dar a conocer la noticia sobre que una joven madre fue encarcelada porque
mató a su pequeño hijo.
Y
yo, que ando convencida que el sistema mata, me lamento que no lo podamos
encarcelar.
Marina
Morelli Núñez
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