"Lo ocurrido en estos tres países [El Salvador, Guatemala y Colombia] contrasta con la política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que nunca se ha rendido, no ha entregado las armas, sigue resistiendo y construyendo un mundo nuevo. Es simplemente una cuestión de ética. Ni más ni menos". Esta es la reflexión de Raúl Zibechi, periodista y analista político uruguayo, en un artículo publicado por Desde Abajo, 07-03-2025. La traducción es de Cepat.
Aquí está el artículo.
En América Latina tenemos una larga experiencia en procesos de paz, que abarca nada menos que tres décadas. Me refiero a las negociaciones entre las guerrillas de El Salvador y Guatemala con sus respectivos gobiernos y, más recientemente, con las FARC colombianas. Me interesa especialmente reflexionar muy brevemente sobre cómo estos procesos han influido en los movimientos de los pueblos.
Los Acuerdos de Paz de Chapultepec fueron firmados en enero de 1992 entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno salvadoreño, para poner fin a una guerra que cobró 75.000 vidas, la gran mayoría de ellas campesinas. Se crearon algunas instituciones, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Superior Electoral y la Policía Nacional Civil, en las que se insertaron los guerrilleros y paramilitares
desmovilizados.Algunas tierras se distribuyeron a las familias campesinas, pero la oligarquía terrateniente ya no vivía en sus granjas porque habían huido durante la guerra. Si bien la democratización del país ha sido consensuada, después de tres décadas observamos que no ha habido avances, sino retrocesos que han hecho posible que un personaje como Nayib Bukele llegue al gobierno, en una sociedad temida por la violencia criminal.
Lo más importante, sin embargo, es que el movimiento popular más poderoso de la región colapsó, durante y después de la década de guerra. Si bien el conflicto armado destruyó las principales organizaciones campesinas y estudiantiles, tanto por la brutal represión como por la política de las vanguardias armadas de reclutar a sus cuadros para unirse a la guerrilla, al final del conflicto hubo posibilidades para la reconstrucción de los movimientos.
Pude constatar, en algunos departamentos de El Salvador, que las familias que retornaron a las ciudades que tuvieron que abandonar por el terror militar (las "repoblaciones"), comenzaron a recrear estas comunidades de resistencia y lucha a través del trabajo colectivo y los emprendimientos comunitarios. Pero los dirigentes de las "vanguardias" les dieron la espalda, se lanzaron a la política electoral y no volvieron a contactar a sus bases, salvo para pedirles sus votos.
Los Acuerdos de Paz de Guatemala fueron firmados en diciembre de 1996 entre el gobierno y la Unión Nacional Revolucionaria de Guatemala (URNG), poniendo fin a un conflicto que durante 36 años causó la muerte de más de 200.000 guatemaltecos, casi todos ellos indígenas. Los acuerdos fueron menos ambiciosos que los salvadoreños, siendo uno de los más importantes la propuesta de reasentamiento de las poblaciones desplazadas por la violencia militar como una "tierra arrasada".
En Guatemala, el movimiento popular tardó en reorganizarse y los pueblos con raíces mayas aún recuerdan con dolor la catástrofe provocada por las repetidas masacres de sus poblaciones. La guerrilla montó una ola de insurrecciones de los pueblos indígenas y, cuando la represión se intensificó, se retiraron, dejando a las comunidades indefensas frente a la brutalidad militar.
Las dos guerras terminaron como empezaron: por decisión de las "vanguardias", sin consultar a las poblaciones.
En Colombia, en 2016 se firmó un acuerdo entre el gobierno y las FARC que permitió la inserción de sus cuadros y combatientes en la vida política formal. Pero la violencia no cesó ni un segundo, ya que los paramilitares y el narcotráfico (incrementado por las guerrillas disidentes) continuaron librando una guerra contra las comunidades, especialmente los pueblos indígenas del departamento del Cauca. Solo la Guardia Indígena intenta impedir la violencia paramilitar estatal.
En los tres casos citados, encontramos, de manera muy breve, algunos problemas comunes.
La primera es que las oligarquías siguen al mando, los privilegios se mantienen y las desigualdades han aumentado. Sin embargo, los sectores populares son tan pobres y excluidos como lo eran antes de la guerra.
La segunda es que, con la paz, ganó el extractivismo, especialmente la minería multinacional, y por lo tanto se profundizó el capitalismo.
En tercer lugar, las sociedades están siendo desgarradas por la conjunción del crimen organizado, el paramilitarismo y la expropiación, con la complicidad de Estados que no pueden o no quieren hacer nada para detenerlo.
En cuarto lugar, los movimientos se han visto debilitados, tanto por la guerra como por las consecuencias de los procesos de paz que institucionalizaron los conflictos.
Es cierto que las guerras no pueden continuar, que era necesario poner fin a la violencia y a las masacres. Pero la forma en que lo hicieron los guerrilleros suena a rendición. En muy poco tiempo, pasamos de poner toda nuestra energía en la violencia a ponerla en las urnas. Había y hay otras opciones.
Lo que ha ocurrido en estos tres países contrasta con la política del EZLN, que nunca se ha rendido, no ha entregado las armas, sigue resistiendo y construyendo un mundo nuevo. Es simplemente una cuestión de ética. Ni más ni menos.
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