miércoles, 2 de marzo de 2016

IMPENSADOS PELIGROS DE UNA PASTORAL EN EL SIGLO XXI. BRASIL


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01.03.2016
Pastoral trae a la superficie casos emblemáticos de conflictos   Adital El informe-denuncia "Amazonia, un bioma sumergido en conflictos” acaba de ser lanzado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en Manaus [Estado de la Amazonia]. La publicación reúne nueve casos emblemáticos de conflictos por tierras en los estados de la Amazonia legal -Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondonia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso y Maranhão. Hay casos de conflictos con empresas mineras, con madereras, y hasta confrontación con el Incra [Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria]  Clara Motta, de la coordinación de la CPT del Amazonas, explica a Adital que la expectativa acerca del informe es visibilizar la situación de conflicto en toda la Amazonia, porque en los nueve estados hay embates intensos, de comunidades que están aisladas, y la sociedad no tiene conocimiento sobre lo que ocurre con esas familias. "Es traer a la sociedad lo que está escondido, traer al debate, traer a los ojos de la sociedad estas cuestiones”.


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La coordinadora cita el caso de las comunidades de Lábrea, municipio situado en el medio de la floresta, en las márgenes del río Purus, que viven bajo amenazas, deforestaciones, apropiación ilegal de tierras y búsqueda ilegal de piedras preciosas. Allá, los habitantes no consiguieron protegerse de las amenazas. Clara destaca el papel del Estado en esos conflictos. "Si el Estado no se responsabiliza de la reforma agraria y la regularización de esas familias, que hace mucho tiempo viven allá, no va a tener como garantizar la regularización de las tierras”. Según ella, la preocupación de la CPT es que las comunidades permanezcan en su región y sea garantizado el derecho a vivir en su propia tierra.

Ruben Siqueira, miembro de la Coordinadora Ejecutiva Nacional de la CPT, esclarece a Adital que el dossier era para ser divulgado a fines de 2015, pero, debido a la cercanía con el Informe de Conflictos en el Campo, publicación anual de la entidad, el documento fue difundido solamente ahora. Según él, el actual dossier es más cualitativo, pues la CPT de la Amazonia percibió que estaban ocurriendo conflictos diferentes de los conflictos históricos, y era preciso darle visibilidad a eso.

El coordinador dice que la forma encontrada para retratar la realidad cotidiana, la situación concreta y como ella se desarrolla, fue traer un caso por Estado. El objetivo es "sensibilizar a la opinión pública para mirar una avalancha de problemas de ese nuevo ciclo de explotación de la Amazonia”. Ciclo caracterizado por el aumento de la deforestación para la cría de ganado y el cultivo de soja; diversas hidroeléctricas en implantación; con la minería ampliándose; con emprendimientos que buscan controlar el agua y explotar la biodiversidad de las florestas. "Y, como siempre, es como si no existieran las comunidades, los pueblos, en ese lugar.”, denuncia.

Como dato más evidente de la actual realidad están los asesinatos. "En 31 años de documentación, el número es mayor en la Amazonia y, en los últimos años, ha aumentado”, informa Siqueira. "Vemos la vuelta del sicario, del apropiador ilegal de tierras, y empresas de seguridad terminan haciendo que el papel de represión, combinado o no con la propia Policía Militar, que continúa siendo brazo armado del Estado contra las comunidades”, revela.

Según datos de la CPT, entre los años de 1985 y 2009, el 63% de los asesinatos en el campo, registrados por la CPT, se concentraban en la Amazonia. En 2015, de los 50 asesinatos registrados en Brasil, 47 fueron en la Amazonia, de los cuales hubo 20 en Rondonia, 19 en Pará, seis en Maranhão, uno en Amazonas y uno en Mato Grosso. De las 144 personas que recibieron amenazas de muerte en el campo, 93 están en la Amazonia. Y es, en este territorio, que 30 de los 59 intentos de asesinato ocurrieron.

El coordinador critica también al Programa Tierra Legal, iniciativa del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), con el objetivo de regularizar a propietarios de los nueve estados de la Amazonia Legal, que ocupan inmuebles rurales de hasta 15 módulos fiscales (76 hectáreas), en áreas de la Unión, y cuyas propiedades sean anteriores al 1º de diciembre de 2004. Siqueira destaca que, en la práctica, el Programa ha sido la legalización de la apropiación ilegal de tierras y, aunque apunte a regularizar las propiedades, favorece a quien más poder tiene. "Hay una búsqueda de esas áreas, que puedan ser legalizadas por el Tierra Legal”.

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Según datos de la CPT, entre los años 1985 y 2009, el 63% de los asesinatos ocurridos en el campo, registrados por la CPT, se concentraban en la Amazonia. En 2015, de los 50 asesinatos registrados en Brasil, 47 ocurrieron en la Amazonia.



Como "novedad” de este nuevo ciclo de explotación de la Amazonia, Siqueira señala la actuación de las grandes corporaciones, que en la búsqueda de valorizar sus papeles, adquieren tierra o lanzan sus emprendimientos en la región. Según el coordinador, es lo que los estudiosos llaman "extranjerización” o "financierización” de la tierra. "Las grandes corporaciones tienen brazos en todos los sectores y el capital financiero corre detrás de una base de valor, de un activo que valorice sus papeles en el mercado de capitales”. Como consecuencia, Siqueira relata que hay un interés mayor en la región del Cerrado y la Amazonia, debido a la biodiversidad de esas áreas.

El coordinador explica que, después del lanzamiento del informe, los representantes de la CPT están reunidos, en Manaus, para analizar el mapeo de cada Estado de la Amazonia, identificando los principales conflictos, comunidades, indígenas y campesinos que enfrentan esos problemas, qué emprendimientos están involucrados en este proceso, y cómo será el accionar de la CPT en cada región, para combatir "esa violencia antigua, que se renueva y se va profundizando”. El informe-denuncia va a ser enviado a algunos órganos y autoridades, como el Incra y el MDA.

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