Luego de que la Corte Suprema declarara que la solicitud de creación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI)para "investigar las acciones y omisiones del gobierno federal para hacer frente a la pandemia de Covid-19 en Brasil y, en particular, en el empeoramiento de la crisis de salud en la Amazonía con la ausencia de oxígeno para los pacientes hospitalizados " cumplió con todos los requisitos determinados por la Constitución Federal y, por lo tanto, es obligatorio su instalación, el Senado Federal dio seguimiento a su organización dando plazo para los candidatos, por los Partidos y Bloques, sus miembros (11 Titulares y 7 Suplentes). Es esencial que el IPC se instale con urgencia, haya garantizado las condiciones de funcionamiento completas y no sufra ninguna interferencia externa para el ejercicio de su mandato, investigar con transparencia y amplia divulgación todos los actos y el desmantelamiento del gobierno federal en el proceso que el Consejo Nacional de Salud,en un comunicado del pasado 7 de abril, calificó de "genocidio deliberado", que causó al menos 225.000 muertes que podrían haberse evitado hasta marzo pasado, "si el gobierno no se niega,si compró vacunas en el tiempo adecuado y si el SUS tuviera fondos suficientes para atender a la población en medio del escenario de crisis sanitaria".
El sufrimiento del pueblo ya ha superado todos los límites de lo soportable. Además de los miles que dependen de hospitales hacinados y sin materiales e incluso sin oxígeno, más del 60% de las familias brasileñas se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria y 20 millones ya se mueren de hambre cada día. El desempleo nunca ha sido mayor, con más de la mitad de toda la fuerza laboral desempleada. Hemos superado las 355.000 muertes y los estudios indican que lamentablemente más de 500.000 serán superadas en julio próximo.
Apoyamos la investigación inmediata de lo que ha llevado a esta situación inhumana y degradante y que este instrumento constitucional de la democracia puede servir para hacer oír los gritos del pueblo, para que todas las personas sean vacunadas lo antes posible por el SUS,que las ayudas de emergencia se reanuden hasta el final de la pandemia por un importe mínimo de R$ 600.00 para los que recibieron el año pasado, expandiéndose a aquellos que perdieron empleos en el período y microempresarios que se vieron obligados a cerrar sus puertas.
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