Detenido en julio del año pasado por crímenes de lesa humanidad, Carlos Américo Suzacq “controlaba hasta qué punto se podía aplicar la tortura a los detenidos”, según testigos.
El informe es de Edu Montesanti , enviado por el autor al Instituto Humanitas Unisinos-IHU . Uruguay exige a España la extradición de Carlos Américo Suzacq Fiser , de 72 años, residente en Madrid, señalado por testigos como uno de los médicos acusados de colaborar en las torturas a presos políticos cometidas durante la dictadura cívico-militar en el país sudamericano ( 1973-1985).
El 5 de noviembre de 2021, el Ministerio Público uruguayo había solicitado la acusación y detención del médico. La Justicia Nacional de España decidirá el próximo 11 de enero la extradición de Suzacq , que tiene doble nacionalidad, detenido en julio del año pasado tras una orden de detención internacional solicitada por la Justicia uruguaya por crímenes de lesa humanidad El médico está particularmente acusado de haber asesorado a los represores en las torturas a las que fueron sometidos varios presos políticos. Sobre él pesan acusaciones de responsabilidad por lesiones graves y privación de libertad.
La información fue confirmada a la agencia EFE por Ricardo Perciballe , fiscal uruguayo especializado en crímenes de lesa humanidad. El fiscal aseguró que hay testimonios de 40 víctimas que aseguran que Suzacq "controlaba hasta qué punto se podía aplicar la tortura a los detenidos" en el llamado Sexto de Caballería , regimiento del Ejército que operó entre 1972 y 1984 en la Zona Norte de Montevideo . , donde fueron detenidos presos de la dictadura bajo la responsabilidad del Ejército y la Coordinación de Operaciones Antisubversivas ( OCOA ).
En este caso, hay un precedente de que el gobierno español extraditó a Uruguay en marzo del año pasado al coronel Eduardo Ferro , también solicitado por crímenes de lesa humanidad en el marco de la Operación Cóndor , una operación regional de represión y desapariciones en los años 70 y 1980, apoyado directamente por el régimen de Washington y especialmente por la CIA que, la mente maestra detrás de la Operación Cóndor , ayudó a monitorear a los ciudadanos y enseñó métodos de tortura a los dictadores de la región.
Os anos de ditadura militar
Durante la dictadura cívico-militar en territorio uruguayo desde el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, varios partidos y movimientos políticos de izquierda fueron proscritos, entre ellos el Partido Comunista del Uruguay ( PCU ), así como organizaciones sociales como la Unión Nacional de Trabajadores. Convención ( CNT ).
Al mismo tiempo, se crearon o fortalecieron diversos organismos represivos, como la Coordinación de Operaciones Antisubversivas ( OCOA ), el Servicio de Información de la Defensa ( SID ), la Dirección Nacional de Información e Inteligencia ( DNII ), la Empresa de Contrainformación y el Rifle Naval. Cuerpo ( FUSNA ), organismos del poder punitivo.
El sistema de vigilancia sistemática de la sociedad uruguaya escapó de las fronteras nacionales a través de la Operación Cóndor , instaurando una verdadera “ cultura del miedo ”. Un ejemplo de ello es el Certificado de Fe democrático que diferenciaba a la ciudadanía en tres grupos, A, B y C, según el “grado de peligrosidad” necesario para realizar cualquier trámite entre los ciudadanos, como por ejemplo la simple obtención de la Licencia de Conducir. El grado C autoriza incluso la detención inmediata por parte de las autoridades ( Investigación sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985), Montevideo, FHCE-CSIC, 2008, Tomo I).
Según datos oficiales del gobierno uruguayo, “en el marco de las acciones ilegítimas del Estado comprendidas en el período 1968-1985, la cifra confirmada a la fecha es de 192 personas detenidas y desaparecidas”, y llevó al exilio a unas 380 mil personas, casi el 14% de la población total del país.
Asesinato
Luis Eduardo González , militante del Partido Comunista Revolucionario ( PCR ) y estudiante de medicina, fue arbitrariamente detenido y trasladado, en diciembre de 1974 cuando fue visto por última vez en muy deteriorado estado físico, al centro clandestino de detención “ Infierno Grande ” en la capital uruguaya. Elena Zaffaroni , esposa de González y hoy integrante de las Madres y Familiares de Uruguayos Prisioneros y Desaparecidos , cuenta que a fines de 1974, estando embarazada, fue detenida con su esposo mientras dormían, y luego los llevaron a el centro donde, durante los exámenes médicos, otra víctima reconoció a Suzaq , amiga de una de sus hermanas.
O papel de Suzacq
“ El papel de Suzacq era, por ejemplo, revivir a los prisioneros que sufrieron un paro cardíaco durante la tortura ”, dice Zaffaroni , quien presenció la tortura de su esposa en el regimiento donde trabajaba el médico. Tras la noticia de la detención y posible extradición de Suzacq , el integrante del movimiento de derechos humanos que agrupa a los familiares de los 192 desaparecidos durante la dictadura de la República Oriental destacó que “es muy importante que los implicados vengan a declarar a Uruguay , para resolver todos los asuntos que estaban pendientes".
Fin de la dictadura
El 30 de noviembre de 1980, el gobierno de la dictadura militar uruguaya realizó un plebiscito con el objetivo de aprobar una nueva Constitución que institucionalizara la intervención militar en el gobierno. Inesperadamente, el resultado fue la victoria del “no” con 946.176 votos (57%), contra 707.118 votos (43%) a favor del “sí”. En agosto de 1984 se produjo el Pacto del Clube Naval , que supuso la aceptación por parte de los militares de promover una transición a la democracia, lo que nunca significó dejar de castigar a los criminales exdictadores a pesar de la Ley de Amnistía de 1986. Así se abrió el camino para, el 1 de marzo de 1985, poner fin a la mayor pesadilla de la República Uruguaya "por un Uruguay sin exclusiones, por la libertad, la democracia y el trabajo", mientras que el lema del movimiento de familiares de víctimas desde entonces es " Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más ". Conscientes de lo que implica para una nación la política de silencio del Estado , el discurso de los familiares de las víctimas y otros activistas uruguayos por la justicia contra exdictadores tiende a dirigirse a las víctimas de manera directa y contundente, con el objetivo de distanciarse del atentado. de tratar las consecuencias humanas de la represión como normales.
Castigo
El primero de los dictadores, Juan María Bordaberry (1973-1976), fue condenado en febrero de 2010 a 30 años de prisión por varios delitos, entre ellos el asesinato de dos personas desaparecidas cuyos restos habían sido encontrados unos años antes. A los 81 años, Bordaberry también fue acusado de atentar contra la Constitución por haber disuelto el Congreso en junio de 1973, además de otros nueve delitos de desaparición forzada y dos homicidios especialmente agravados, ambos como coautor. En octubre de 2010, el último dictador militar del país, Gregorio ' Goyo ' Álvarez (1981-1985) fue condenado a 25 años de prisión por "homicidio especialmente agravado" de 37 opositores y por un crimen de lesa humanidad. Álvarez había sido detenido en 2007, acusado de "reiterados delitos de desaparición forzada" y traslados clandestinos de detenidos de Argentina a Uruguay durante la dictadura uruguaya . Una decena de exmilitares y policías uruguayos están en la cárcel, acusados de asesinatos y desapariciones durante la dictadura, a pesar de la Ley de Amnistía que prohíbe juzgarlos. En junio de 2021 , Peñarol , junto con Nacional , el club de fútbol más grande de Uruguay , expulsó de su nómina a José Nino Gavazzo y Manuel Cordero , dos de los militares más activos en los años de la dictadura. Tras una campaña de la afición del club iniciada en abril de ese año, ambos suplentes perdieron el título de socios vitalicios.
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