Pereira, profesor titular de Ética y Filosofía en Udelar
En el último tiempo se vio reaparecer el
orgullo uruguayo por su solidaridad: la
desventajosa situación de muchos
despierta la ayuda de buena parte de la sociedad. Seguramente sentimientos morales como la
compasión y la piedad son los que mueven a organizar ollas populares y
recolectar víveres para aquellos afectados inmerecidamente y los colocan al
borde de lo que ninguna persona debe padecer.
Sin embargo las sociedades democráticas tienen herramienta más potente
para esta situación; la JUSTICIA.
Justicia y solidaridad son dos conceptos normativos centrales de la vida de las sociedades democráticas. Ambos conceptos sin embargo, tienen un alcance diferente e implican también compromisos diferentes. La JUSTICIA consiste en otorgarnos mutuamente cargas y beneficios que resultan de la cooperación social, es decir, todos nos beneficiamos y obtenemos ventajas de la vida en sociedad, pero como contraparte de ello debemos de contribuir a esa sociedad-
La solidaridad es un concepto con bordes más borrosos que la justicia, pero puede presentársela como el interés en los resultados de las vidas de personas con las que se comparte un círculo de pertenencia, lo que puede ir desde pertenencias familiares, barriales o comunidades, a las de mayor alcance como la sociedad o toda la humanidad. En ambos casos JUSTICIA y SOLIDARIDAD implican compromisos con los otros, pero en el primero esos compromisos se convierten en deberes que son garantizados por el Estado, mientras que en el segundo puede ser asimilado a una ayuda voluntaria, algo que no puede ser obligado o exigido. La solidaridad nos llama a actuar en beneficio de aquellos que sufren necesidades inmerecidas por ello es sumamente importante para la vida social, pero no nos obliga como sí lo hace la justicia; la solidaridad puede cesar por nuestra propia voluntad, pero la justicia no. Seguramente estas diferencias de alcance hacen que las gremiales agropecuarias y muchos empresarios de nuestro país, en estos momentos de crisis sanitaria y social, se sientan muy cómodos en el espacio de la solidaridad, pero no en el de la JUSTICIA. Es bastante simple y calma la conciencia moral
donar, ovejas, alimentos
para ollas populares o canastas para los sectores
más vulnerables, pero es bastante más difícil asumir una contribución a través de la
estructura impositiva que tiene el
país. Esto también afecta
a los
gobernantes, quienes invocan a la solidaridad a la hora de establecer el impuesto para el
Fondo Coronavirus, pero se
excusan de usar el término “JUSTICIA”
porque una medida que
afecta a una parte y
no a todos nada tiene que ver con
la justicia, viola
los términos de la cooperación social.
Claramente la justicia
tiene un rostro más adusto que el de la solidaridad, es mucho más difícil mirarla a la cara
y tiene un peso normativo que pocos pueden
soportar. Con esa dureza fue
representada por Gustav Klimt, en el maravilloso mural que realizó en Viena
El foco
en la solidaridad que se hace para enfrentar las consecuencias sociales
de la pandemia también tiene una consecuencia no deseada; en la mayoría de los casos se tematiza la
acción indudablemente encomiable de quienes son solidarios y no los
sentimientos de quienes reciben la solidaridad.
Este carácter unilateral de la presentación pública de las acciones
solidarias pasa por alto
lo que sienten quienes reciben una canasta o tienen que ir a una olla
popular en busca de comida. De esta
forma los sentimientos de vergüenza social y también de posible
autoestigmatización quedan en segundo plano.
La vergüenza, como toda emoción social, es
provocada por creencias que hacen referencia a otras personas, por lo tanto el surgimiento de esta emoción
no depende de quién con la mejor intención ayuda a quienes lo necesitan, sino
las creencias que tienen estos últimos sobe lo que la sociedad piensa de los
que nos son capaces de lograr su propio sustento. El impacto que tiene la vergüenza está
estrechamente ligado a las normas
sociales que regulan tanto el carácter
como el comportamiento, y una sociedad centrada en la ética del
trabajo es vergonzante no poder sustentarse a uno mismo y a su familia. Esta emoción también refuerza los
sentimientos de estigmatización que sienten los grupos más vulnerables como
sectores sociales que. no son capaces de
asegurar el mínimo indispensable para llevar adelante un plan de vida en forma
digna. En esta situación de incipiente
emergencia social nuevamente parece que el rostro adusto de la justicia no
puede ser mirado por las instituciones, ya que hacerlo implicaría recibir el
mensaje de que la igual dignidad no puede ser retaceada y que el Estado debe
cumplir con su obligación de protegerla
en forma incondicionada.
Por supuesto que justicia y solidaridad
también convergen. La solidaridad puede
dar lugar a la justicia, Es perfectamente posible que lo que se inicia como intervenciones inspiradas en la
solidaridad se conviertan en una regulación institucional de justicia, o que la
justificación de muchas políticas públicas institucionalizadas de justicia se
asienten en razones de lo que nos debemos por solidaridad, como el Impuesto a
la Renta de las Personas Físicas o el Fondo Nacional de Salud. Sin embargo eso nos e da necesariamente
debido a las características indicadas de solidaridad, y es posible
disociar ambos aspectos de nuestra vida práctica. En nuestro país, que atraviesa una situación
social de creciente vulnerabilidad, no parece exagerado decir que estamos
viviendo una explosión de solidaridad que no llega a convertirse en
justicia. En una frase inolvidable, JohnRawls, el
filósofo más influyente del siglo XX, resumía el verdadero núcleo de las
sociedades democráticas diciendo que; ”
la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales”, de tal manera que si estas instituciones son injustas deben ser reformadas o
abolidas, y que a su vez “cada
persona posee una inviolabilidad fundada
en la justicia que ni siquiera el bienestar en conjunto puede atropellar” . En
las sociedades democráticas, justicia e igual dignidad están internamente ligadas; es imposible que
una sociedad democrática pueda ser justa si no considera a sus miembros como
fines en si mismos, y por lo tanto el diseño de sus instituciones debe estar
orientado a asegurar y proteger la dignidad
de sus ciudadanos. Las situaciones de
crisis y emergencias no son la excepción sino todo lo contrario: es en estas
circunstancias cuando el
rostro de la justicia, que Gustav Klimt retrató, debe ser
mirado y sostener su mirada debería ser el primer deber de las instituciones.-
Gustavo
Pereira, profesor titular de Ética y Filosofía en Udelar.
Dos artículos que se complementan: el de Gustavo Pereira y el de Juan José Tamayo. Ambos apuntan a la responsabilidad pública, más allá de las inciativas individuales, que son encomiables, pero no dejan de señalar el rol indelegable del Estado para alcanzar el sagrado don de la justicia. En ese plan entra, por lo tanto, la política. Una política "humanizada", cuya clave es una palabra que nos interpela especialmente a los cristianos: DIGNIDAD.
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