Trelles recuerda que “OSE tiene normas internas para el control de la calidad de su agua” y lo que votó su directorio fue “cambiar el límite de aceptación de la calidad del agua que se está entregando a las personas”. “El agua, al superar los 200 miligramos de sodio, ya no es potable por definición; lo que hizo el Ministerio de Salud Pública fue autorizar a que OSE distribuya agua no potable. Cambiar la definición de potabilidad implicaría modificar el decreto 375 y la norma UNIT. Tendrían que reunirse organismos y justificar técnicamente que se pueden aceptar 440 mg/l como límite”, enfatiza. Indica que la modificación del ente estatal también implica “desalinearse” de las recomendaciones que brinda la OMS.                                                               En el laboratorio, ubicado en el barrio Cordón de Montevideo, toman muestras de agua suministrada por OSE diariamente y evalúan varios parámetros, entre ellos, el sodio. El 14 de abril encontraron 130 mg/l; el 8 de mayo, 273 mg/l; y el 9 de mayo se alcanzó los 448 mg/l. Esta última muestra del martes sobrepasa, incluso, la medida excepcional aprobada por el MSP.                  “La OMS recomienda ingerir dos litros de agua al día. Cuando OSE plantea los 440 miligramos de sodio por litro, está habilitando a ingerir 880 miligramos de sodio por día, que equivale a 44% de la ingesta máxima emitida como saludable. La ingesta máxima recomendable por día es entre 2.000 y 2.300 miligramos. Al consumir dos litros de agua, estás ingiriendo la mitad del sodio que recomienda la OMS como saludable”, resalta el técnico.   En este sentido, suma que para las personas con riesgo identificado, como puede ser hipertensión, el consumo de sodio debe ser menor y, por esta razón, el MSP les recomienda ingerir agua embotellada. Estos datos cobran importancia teniendo en cuenta que “casi 37% de los uruguayos tiene presión arterial elevada” y un tercio todavía “no lo sabe”. El problema surge cuando una persona no tiene los recursos económicos para comprar agua embotellada.                                   Trelles relata que “es necesario integrar a la población en el proceso de manejo del riesgo y ayudar a establecer confianza en las instituciones encargadas de tomar decisiones, aliviando el miedo y la indignación generalizada” ya que “esto permite hacer más eficiente y rápida la intervención o la respuesta de las autoridades”.

Por otra parte, recuerda el artículo 47 de la Constitución, que establece que el acceso al agua potable es un derecho humano y que “los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”.