El arzobispo Carrara y el ministro Sturzenegger se enfrentaron en el Congreso

Diálogo cerrado: la fría relación entre los obispos católicos y la Casa Rosada

El duro cruce entre Sturzenegger y el titular de Cáritas en el Senado, por el proyecto de ley de la propiedad privada. Los barrios populares, en la mira: la Iglesia advierte que la iniciativa del oficialismo fomenta el desamparo y es un nuevo retroceso en el acceso a la vivienda.

En este caso fue el tratamiento en comisión del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Poder Ejecutivo a expensas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien además fue la persona que se apersonó ante los senadores para defender la propuesta. Entre los invitados por los legisladores se ubicó el arzobispo de La Plata y titular de Cáritas nacional, Gustavo Carrara, quien no solo criticó los fundamentos de la propuesta de ley, sino que advirtió acerca de lo que calificó como “un retroceso de las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda”
que generará más incertidumbre jurídica para 5 millones de personas que habitan en 6.467 barrios populares en todo el país.
Carrara es un obispo que tiene una larga trayectoria acompañando a la pastoral de la Iglesia Católica y a los sacerdotes que atienden a las personas que viven en barrios populares. Ha sido además un firme defensor de los proyectos de integración socio-urbana.
En un debate que se prolongó durante más de cuatro horas bajo la presidencia de los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, el ministro Sturzenegger defendió su propuesta y la encuadró dentro lo que definió como los “dos pilares centrales” del gobierno de Javier Milei: el equilibrio fiscal y la libertad económica. Para el ministro defensor de la motosierra estos dos últimos conceptos están estrechamente vinculados a la protección de la propiedad privada, señalando que la misma es “un requisito indispensable” para el desarrollo económico. Según el funcionario, la “fragilidad fiscal” del país contribuyó a “la vulneración” de los derechos de propiedad y, de esta manera, se desalienta la inversión local y extranjera.
Frente a ello el arzobispo Carrara centró su presentación en la defensa de la ley de Barrios Populares (27.453 de “Regularización dominial para la integración socio urbana”) advirtiendo sobre la importancia de no avanzar con las modificaciones propuestas por el proyecto de ley porque significaría un retroceso en materia de políticas públicas orientadas a garantizar la vivienda. Pero además --dijo-- porque “la discusión en torno a esta norma no puede reducirse a una oposición abstracta entre propiedad privada e intervención estatal” sino que debe tomarse en cuenta la situación de las personas que habitan en los barrios populares.
Para Carrara el proyecto impulsado por Sturzenegger “rompe una política de amplio consenso, abre la puerta a desalojos forzosos y elimina mecanismos que garantizaban compensación y resolución ordenada de conflictos, aumentando la litigiosidad”.
Según el arzobispo platense la ley 27.453 (aprobada de forma unánime en 2018 y ratificada en
2022) “consolidó la integración socio urbana como una política de Estado otorgándole un nivel de legitimidad institucional excepcional y una transversalidad a gobiernos de distinto signo político”. Porque –dijo Carrara—“los barrios populares no son fenómenos recientes ni situaciones transitorias” sino que “son consecuencia del déficit estructural de acceso a la tierra y a la vivienda en la Argentina”. Y recordó al mismo tiempo que “gracias al relevamiento realizado por el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) se cuenta con información fehaciente sobre las condiciones de esta realidad estructural: el 73,)% de estos barrios fueron conformados hace más de 20 años”.