Perciballe destacó que era un militante sindical y político y que fue asesinado por el “sólo hecho de resistir a la dictadura”. Fue trasladado al centro de detención clandestino La Tablada, donde sufrió diversas torturas y fue enterrado posteriormente en el Batallón 14. Perciballe sostuvo que con esta noticia se buscaba “establecer un poco de paz para la familia, fundamentalmente, y para toda la sociedad”.

La antropóloga forense Alicia Lusiardo, que lidera el Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF), se encargó de informar la “característica individualizante”, que fue una fractura en una costilla y algunas otras características en los huesos, como un esguince en el tobillo, que permitieron “colaborar con la identificación”.

Asimismo, Lusiardo informó que los restos óseos no presentan lesiones traumáticas que permitan establecer con certeza la causa de muerte. Sin embargo, la antropóloga forense precisó que se “identificaron fracturas producidas por impacto con objeto contundente sobre la víctima en actitud de defensa, protegiendo su cara o cráneo y fracturas en el tórax, que permiten establecer o sugieren que son productos de impactos contundentes”. En suma, Lusiardo informó que “la multiplicidad [de lastimaduras] y su ubicación es posible que haya contribuido con la causa de la muerte. No es posible descartar que la muerte haya sido por traumatismos ajenos al sistema esquelético”.

Finalmente, Lusiardo afirmó que los “traumatismos premortem indican que se ejerció violencia sobre la persona víctima. La forma médico legal de la muerte fue violenta por acción de terceros en contexto de privación de libertad en contexto de torturas”.

El director de la Instituto Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tayler, señaló que la nueva identificación de restos permite identificar “un patrón establecido respecto de ese predio, que es un lugar que fue utilizado como un cementerio secreto para los desaparecidos, con una metodología que evidentemente albergaba el designio de que no fueran encontrados nunca”. En ese mismo predio se hallaron los restos de Amelia Sanjurjo, Ricardo Blanco Valiente y Julio Castro.       La familia de Arigón   Tayler también destacó el papel de la esposa de Arigón, Sara Barrocas, quien nunca dejó de buscar. “La recuerdo desde hace décadas llegando, pidiendo habeas corpus, denuncias, gestiones, [haciendo] lobby en el Parlamento, con una determinación que es la que hoy nos trae acá”, sostuvo el director de la INDDHH.   Por su parte, Perciballe recordó que Barrocas fue la que hizo la denuncia en 1986, y que por esta causa hay cuatro procesados en la actualidad.  La hija de Arigón, Sabina, también participó en la conferencia, y agradeció a quienes participaron en esta búsqueda por “más de 40 años”. “No deja de sorprenderme la maldad, la cobardía con la cual fueron tratadas estas personas. No hay otras palabras para decirlo, porque se puede pensar de otra manera pero hacer lo que les hicieron a estas personas es vergonzoso, es una vergüenza para todos nosotros, hasta el día de hoy”, reflexionó.        Arigón agradeció a la organización de Madres y Familiares, a los antropólogos y a la Fiscalía y aseguró que “esta búsqueda sigue y seguirá durante mucho tiempo más”, pese a que “hay gente que piensa que esto no existió o que fue una mentira, como le dijeron a mi madre más de una vez”.

La desaparición de Arigón

Según la ficha de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Arigón era empleado de la librería Heber Saldivia en la Galería del Notariado y militaba en la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio e Industria y en el Partido Comunista del Uruguay.

Fue secuestrado en su domicilio, en el barrio La Blanqueada de Montevideo, en un operativo donde participaron represores de civil y soldados que se identificaron como miembros de las Fuerzas Conjuntas, durante la madrugada. Su esposa e hijas fueron testigos del secuestro y allanamiento de la casa.

Varios testigos lo identificaron siendo sometido a torturas en el centro de detención y torturas La Tablada.

Según la información de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, previo a su secuestro, entre el 1 y el 4 de mayo de 1977 Arigón había sido detenido por el Departamento 6 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia en el marco de un operativo represivo contra la Agrupación del Partido Comunista que funcionaba en UTE e interrogado por su vinculación con Oscar Tassino, también desaparecido.