ADOLESCENTES INFRACTORES.- María Patricia Alonso: “La mayoría de los adolescentes involucrados en delitos en Argentina provienen de contextos marcados por la pobreza estructural”

 Por primera vez, la pastoral carcelaria participa en el Encuentro "Hacia una Iglesia sinodal en red", un espacio continental donde confluyen diversas realidades eclesiales. Allí, María Patricia Alonso, con 25 años de experiencia en el acompañamiento a personas privadas de la libertad y actual secretaria ejecutiva de esta dependencia de la Conferencia Episcopal, habló sobre su experiencia pastoral y expuso una postura clara: el debate no puede centrarse en el castigo, sino en la prevención. “La primera vez que el Estado mira a muchos de estos chicos es para castigarlos”, afirmó.

La experiencia cotidiana en las cárceles le permite a María Patricia Alonso sostener que “la mayoría de los adolescentes involucrados en delitos provienen de contextos marcados por la pobreza estructural, la exclusión educativa y la ausencia de políticas públicas sostenidas”.

¿Solución o atajo político?

En Argentina, el debate legislativo plantea reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Alonso explica que la pastoral carcelaria, la Conferencia Episcopal, Cáritas, un grupo de especialistas en salud mental, jueces y organismos como UNICEF, dirigieron una carta a los legisladores con argumentos técnicos y sociales en contra de la medida.“El diagnóstico es contundente: los menores suelen ser utilizados por adultos en redes de narcotráfico o robo. Encarcelarlos por 10 o 15 años no desarticula esas estructuras. Por el contrario, podría fortalecerlas”, advierte.

Alonso dice que conoció a Jesús en las cárceles y esto le da una certeza. “Si hoy los usan a los 14, mañana los buscarán de 12 u 8 años el problema real es el crimen organizado y la falta de compromiso político para enfrentarlo”.

Cárceles abarrotadas

Desde la perspectiva de la pastoral carcelaria, en Argentina el sistema penitenciario está colapsado. “Espacios diseñados para cuatro personas albergan hasta 16. En ese contexto, la resocialización se convierte en un objetivo difícil de alcanzar”.

Para María Patricia Alonso muchos de los jóvenes que llegan al sistema penal, jamás asistieron a la escuela, no cuentan con documentación básica y nunca tuvieron acceso a servicios de salud. No fue que abandonaran la escuela, es que nunca fueron”.

Así la experiencia indica que, lejos de reparar trayectorias, la cárcel suele profundizar las heridas con el hacinamiento, la violencia y el abuso que marcan la vida de quienes ingresan siendo menores de edad.

Madres sin libertad, niños invisibles

Otro punto crítico es la situación de las mujeres privadas de libertad que conviven con sus hijos pequeños en los centros de detención. En Argentina, los niños pueden permanecer con sus madres, desde el nacimiento hasta los cuatro años. “Durante ese tiempo reciben atención en jardines dentro de las unidades penitenciarias, sostenidos en gran medida por el compromiso de los docentes.

Sin embargo, “el interrogante es lo que puede ocurrir después. Si no hay familia en condiciones de hacerse cargo, interviene la justicia de menores. El círculo de vulnerabilidad tiende a repetirse”.

Para la pastoral, la cárcel no solo afecta al detenido, sino a todo su entorno: hijos, familiares, docentes, personal penitenciario. Entonces el denominado “mundo de la carcelación” es una red de impactos que atraviesa a la sociedad completa.

Tejer redes

Más allá de la postura frente a la reforma legal, la participación de la Pastoral Carcelaria en el encuentro "Hacia una Iglesia Sinodal en Red" tiene un objetivo estratégico: articular redes a partir de esta dolorosa realidad. “La cárcel es un reflejo de la sociedad”, sostiene Alonso. Por eso, el desafío es involucrar a todos los actores —Iglesia, Estado, sociedad civil— lograr un trabajo conjunto.

La propuesta es clara: invertir en prevención, educación, salud, políticas de inclusión y lucha frontal contra el narcotráfico. En términos económicos, asegura María Patricia, “es menos costoso formar que encarcelar.” En este sentido, el debate sobre la edad de imputabilidad expone una tensión central en América Latina y le Caribe: castigo o prevención.

La pastoral carcelaria argentina insiste en que endurecer la ley no resolverá la raíz del delito social. La pregunta de fondo no es a qué edad se debe juzgar, sino en qué momento el Estado decidió —o dejó de decidir— que el acompañamiento a los niños se logre antes de que crucen la puerta de una prisión.