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Trump lo ha dicho muy claro: las empresas
estadounidenses tienen seis meses para dejar de trabajar con la Corte Penal
Internacional (CPI). Sin el servicio de esas compañías, el tribunal no podrá pagar facturas
o enviar comunicaciones virtuales, lo que entorpecerá su funcionamiento y, a
la larga, podría acabar con él.
La CPI es la encargada de juzgar y
reclamar responsabilidades a los líderes por los crímenes más atroces del
mundo. Ha dictado órdenes de detención contra Putin o Netanyahu y lleva la
causa contra el exdictador filipino Rodrigo Duterte, cuyo juicio está
previsto próximamente.
Si las sanciones de Trump logran acabar con la labor del tribunal, miles de
víctimas de las peores atrocidades perderán amparo jurídico. El futuro del
derecho penal internacional está en juego.
Pero Europa aún puede salvar la
CPI. La presidenta de la Comisión puede activar un escudo legal que dejaría
sin efecto las sanciones estadounidenses dentro de la UE. España, Países
Bajos y otros Estados miembros ya han pedido a la UE tomar las medidas
pertinentes.
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