Un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática indicó que el 58 % de la población económicamente activa está desempleada o subempleada y no cuenta con ningún tipo de seguro social, por tanto no tiene derecho a retiro, atención sanitaria o educación, mientras el 68 % carece de servicio de saneamiento.
Pero cuando uno analiza fríamente lo que sucede en Perú donde Estados Unidos ha apoyado varios gobiernos corruptos cuyos presidentes han sido condenados o procesados por corrupción (Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alán García, este se suicidó para no ir a juicio) aparece como parte del control de Washington sobre esa nación, el Tratado de Libre Comercio (TLC).
Con ese Tratado, impulsado por el ex presidente Alejandro Toledo y firmado por su sucesor Alan García en diciembre de 2007 se incrementaron las diferencias sociales en la nación andina al ampliarse las políticas neoliberales y de privatizaciones.
En el documento aparecen enmiendas antisoberanas como el capítulo 10 que posibilita a las compañías estadounidenses proceder legalmente contra el gobierno y exigir compensaciones extraordinarias, en caso de que se promulguen leyes que atenten contra sus intereses.
Entre éstas se destaca la imposibilidad de promulgar normas de protección del medio ambiente o contra productos nocivos que afecten la salud de los ciudadanos si eso dificultara el desarrollo de las operaciones productivas y las ganancias de las empresas transnacionales.
El TLC le prohíbe al gobierno peruano acudir a los tribunales nacionales ante cualquier problema surgido con compañías extranjeras, mientras que en las cortes internacionales las disputas son inapelables, las audiencias casi siempre son secretas y Estados Unidos puede ser demandado pero sin reclamos a los inversionistas.
Ahora el gobierno de Dina Boluarte va por los mismos caminos recorridos por varios presidentes peruanos y ya se haya envuelto en una crisis de corrupción, recesión económica, incremento de la pobreza y aumento de la delincuencia.
Pero Washington se hace de la “vista gorda” porque le conviene mantener en Lima un gobierno adicto a sus intereses.
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